La sentencia del Tribunal de la UE sobre el derecho al olvido en internet y los responsables de reputación online

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a la Agencia Española de Protección de datos en su disputa con Google al dictaminar que los servicios de motor de búsqueda en Internet son responsables de los datos personales incluidos en las páginas web que tratan. La sentencia reconoce además la existencia de un "derecho al olvido" como el que invocó el ciudadano español afectado por este caso para que se borraran sus datos en Internet, aunque establece una serie de condiciones y limitaciones. Esta sentencia abre un nuevo escenario para los responsables de reputación online y los abogados. ‘El responsable de reputación online es una figura profesional con mucho futuro’augura Cristòfol Rovira, director del Máster en Buscadores del UPF-IDEC.  

El responsable de reputación online se ocupa de las estrategias para potenciar la buena imagen o para contrarrestar la mala imagen en Internet de una empresa o individuo. Estas estrategias básicamente intentan que los primeros resultados en Google sobre la empresa o individuo sean los positivos, enviando los negativos al fondo de estos listados, haciéndolos en la práctica poco o nada visibles en internet. La sentencia deja abierta la puerta a que los particulares puedan pedir al buscador que elimine datos de sus búsquedas que pueden vulnerar su derecho a la privacidad. ‘Hasta ahora, esta era una tarea desarrollada básicamente por expertos en Internet, especialmente en posicionamiento web (SEO) y redes sociales. Con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE reconociendo el derecho al olvido, nos preguntamos si se va a generalizar la vía jurídica para contrarrestar la mala imagen en la red. Es evidente que para pedir la eliminación de una información personal de acuerdo con esta sentencia, no hay que ser experto en posicionamiento o en redes sociales, sino en leyes’, apunta Rovira.

En la aplicación de la sentencia tendrá que buscarse el equilibrio entre el derecho a la vida privada y el derecho a la información de acuerdo con el interés público de esa información personal disponible en la red.  No obstante, es evidente que resultará más fácil eliminar de raíz una información “inadecuada” que aplicar una estrategia a medio plazo para que esta información no aparezca en los primeras pantallazos de Google. ‘Se habla mucho últimamente de la la judicialización de la política, ¿tendremos que hablar a partir de hoy también de la judicialización de la reputación online?’, se pregunta Rovira.

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