El Gobierno aprueba el real decreto que regula el nuevo examen obligatorio para ser abogado

El Consejo de Ministros aprobó por fin el real decreto que modifica el reglamento sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Era un decreto muy esperado que llega con muchos meses de retraso, hecho que ha dejado a toda una promoción de estudiantes con el Máster y las prácticas finalizadas y a la espera de poder examinarse. En breve -se confía- se conocerá la fecha de la prueba que podría realizarse en el mes de junio. 

Entre los cambios más significativos que establece el nuevo real decreto está el formato de la prueba que constará sólo de una parte escrita de respuestas múltiples (tipo test) con preguntas teóricas y supuestos prácticos sobre situaciones reales. Esto significa que se ha eliminado la parte de resolución de un caso práctico y será únicamente una prueba test. ‘Este cambio tiene aspectos positivos puesto que supone mayor objetividad en la corrección y también rapidez para corregir y ofrecer los resultados; pero también negativos como una probable mayor impugnación de preguntas o el no valorar las habilidades como la redacción o la capacidad argumentativa’, explica Ramon Ragués, director académico del Máster en Abogacía del UPF-IDEC.  

Otra modificación del real decreto afecta a los porcentajes de ponderación entre la calificación obtenida en el Máster  y la obtenida en la evaluación final. El Gobierno establece que la calificación final resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la evaluación y del 30% de la obtenida en el Máster recibido (con anterioridad a esta reforma la prueba teórico-práctica representaba el 20%). Para Ragués, este cambio puede afectar a las condiciones de igualdad de las escuelas que imparten el Máster de acceso. ‘Supone que aquellas escuelas que son más serias y estrictas con la evaluación, estarán perjudicando a sus alumnos frente a los centros que sean más benevolentes y eso, puede generar mayor conflicto con los estudiantes’.

Pero lo que realmente preocupa a escuelas y alumnos es la convocatoria de la prueba. ‘Llevamos un año de muchos nervios, de malestar por parte de los estudiantes que ya han finalizado el Máster y las prácticas pero no pueden ejercer porque no han hecho la prueba y los despachos de abogados no quieren arriesgarse a contratarles y que posteriormente puedan suspenderla. Sin duda es una situación kafkiana si tenemos en cuenta que esta ley tiene ya 8 años’.    Desde el Gobierno se asegura que la convocatoria de la primera prueba se dará a conocer en próximos días. En cualquier caso el examen no podrá celebrarse hasta tres meses después de publicarse la fecha.

El Máster en Abogacía del UPF-IDEC hace cuatro años que se imparte, avanzándose así a la entrada en vigor en octubre de 2011 de la Ley 34/2006 y cuenta con el apoyo de los principales despachos profesionales de Cataluña, hasta el punto de que cinco de ellos (Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Garrigues, Uría Menéndez, Baker & McKenzie y Roca Junyent) forman parte del consejo académico del programa.

.