Las ‘desproporcionadas’ sanciones en el Modelo 720 o cuando el castigo acaba siendo contraproducente

Bruselas va a abrir expediente a España por el régimen sancionador ‘desproporcionado’ y la ‘imprescriptibilidad’ del Modelo 720 para la declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó este modelo obligatorio tras el anuncio de amnistía fiscal. ‘Si la amnistía fiscal era la zanahoria para regularizar aquello que se escondió al Fisco, el Modelo 720 es el palo represor para los que no quisieron acogerse a esta medida, afirma Albert Sagués, profesor en el Máster en Asesoría Fiscal de la UPF Barcelona School of Management.

La declaración del Modelo 720 es obligatoria para todos aquellos que tengan bienes en el extranjero (cuentas en entidades financieras, valores, derechos, seguros y rentas depositados, obtenidos o gestionados en el extranjero; bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles) por valor superior a los 50.000 euros. Hacienda anunció que está investigando a 7.013 contribuyentes que o bien no han presentado la declaración; o lo hicieron en 2014 cuando deberían haberlo hecho en 2013 o lo hicieron de forma incompleta. Si no se presenta la declaración o es errónea, incompleta o con datos falsos, Hacienda podrá imponer una sanción de 5.000 euros por dato omitido. Además tributará al marginal del IRPF (47%) y sobre el resultado de aplicar el tipo impositivo se impondrá una sanción del 150% y los correspondientes intereses de demora. Es decir, si un contribuyente tiene 100.000 euros en el extranjero no declarados, la sanción fácilmente superará esa cantidad.

‘La sanción es absolutamente desproporcionada. Se aprobó como una medida de fuerza y de máxima presión para forzar la regularización y la posterior declaración de bienes en el extranjero y sus correspondientes rentas pero ahora lo que generará es mayor evasión fiscal porque si la sanción es superior al valor de los bienes, lo que harán es intentar ocultarlo y eludir como puedan a Hacienda’, explica Sagués.

Sagués considera que el error además es de filosofía. ‘Si hacemos una extrapolación al sistema penal, las sanciones del Modelo 720 serían la cadena perpetua o la pena de muerte. Si el objetivo final de la sanción es el prevenir ciertos comportamientos, desincentivar el incumplimiento y educar al contribuyente, cuando el castigo que se impone lo es fuera de toda medida (al exceder el propio valor de los bienes) la reacción del infractor lógicamente acaba aferrándose al proverbio de ‘perdidos al río’. Realmente deberían ofrecérsele vías (no baratas pero si asumibles) de poder regularizar su situación.  El castigo tiene que existir pero debe ser asumible ya que en caso contrario acaba generando, sin quererlo, proscritos y desesperados de la fiscalidad’, concluye.

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